“VENEZUELA BAJO EL SIGNO DEL TERROR” fue el nombre de un libro editado por aquella Acción Democrática que en 1952, liderada por Leonardo Ruiz Pineda, compartía con el Partido Comunista de Venezuela roles estelares en la resistencia democrática frente a Pérez Jiménez. Obviamente, AD no era la misma de esta época. El PCV, que venía –fíjese usted- de acumular impecables credenciales democráticas en la lucha contra Gómez, tampoco era el mismo de ahora. El libro describía, con precisión implacable, los asesinatos, las persecuciones, los campos de concentración (¡Si, campos de concentración en Venezuela, unas islas en el Orinoco llamadas Guasina y Sacupana) de la dictadura. ¡Y lo hacían en 1952, cuando más fuerte se sentía el atorrante supremacismo militarista, cuando todavía faltaban seis años largos para la madrugada del 23 de Enero, cuando todavía muchos mártires (entre ellos, el mismo Ruiz Pineda) tendrían que caer bajo las balas de la dictadura!
II
En 1958 cae Pérez Jiménez. El PCV comete la estupidez de dejarse encandilar por el triunfo de Castro en Cuba, y emprende la aventura guerrillera que lo sepultó como proyecto político y que costó la vida de tantos jóvenes venezolanos (irresponsabilidad histórica que hoy pretende ser reivindicada por un gobierno para el que incluso esa épica fallida es una nostalgia prestada). AD, liderada por Betancourt, se dedica junto con las demás fuerzas democráticas a la construcción de un régimen de libertades y al desarrollo de una expansión educativa y un esfuerzo económico (la política de sustitución de importaciones) que hicieron posible que el país se volviera más urbano que rural. Nacen los barrios en las grandes ciudades, poblados por quienes en busca de una mejor calidad de vida dejaron de ser sobrevivientes del campo y pasaron a ser obreros en fábricas urbanas. Nace también lo que hoy conocemos como la clase media venezolana. En aquella Venezuela, “La Ronco” de Antímano, “La Coca Cola” de Gramoven, “La Van-Ralte” de La Yaguara” o la “Almacenadora Caracas” en Los Flores de Catia no eran, como ahora, refugios de damnificados, sino empresas que daban trabajo honesto a miles de venezolanos…
III
El proyecto democrático venezolano tuvo éxito, y no supo qué hacer con él. Urbanizó el país, lo sembró de escuelas, liceos y universidades, nacionalizó el hierro y el petróleo en procesos sin traumas ni sobresaltos, construyó las empresas básicas de Guayana y el sistema eléctrico interconectado basado en la limpia energía hidroeléctrica. Además creó sindicatos, gremios empresariales, asociaciones de vecinos, el Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, el Sistema Nacional de Orquesta Infantiles y Juveniles, en fin, un tejido social impensable en las coordenadas culturales e institucionales del militarismo derrocado en el 58. Esos éxitos del proceso democrático generaron una ciudadanía crítica, exigente en materia de participación. Las direcciones políticas no lo entendieron, y pretendían seguir manejando al país desde sus cúpulas. Cuando se produce a principios de los 80 el colapso del modelo rentista, no vieron en toda su profundidad las implicaciones políticas y sociales de tal ruptura. El sistema tardó casi10 años en reaccionar.
IV
En efecto, la descentralización política y la reforma económica planteadas a finales de los 80 se intentaron sobre la bomba de tiempo de una década de malestar que se expresó en el Caracazo de 1989, aprovechado de manera oportunista por los golpistas de 1992 que en 1998 inician lo que hoy con propiedad podemos llamar la Contra Revolución Antidemocrática del Siglo XXI.
Ciertamente, cada uno de los rubros del proyecto civilizatorio democrático de la segunda mitad Siglo XX venezolano es detenido, saboteado, interferido o simplemente destruido por el atorrante supremacismo militarista, reeditado en el siglo XXI bajo barniz ideológico: Frente al empuje urbanizador de la democracia, el militarismo plantea como “contra-tendencia” el retorno al “Eje Orinoco-Apure” y la construcción de ciudades satélites como Caribia, enclavadas en mitad de las montañas. Es decir: para solucionar el “problema” de los barrios, en vez de urbanizarlos e incorporarlos a la ciudad formal el militarismo adopta una estrategia que en los hechos niega a los pobres el derecho a la ciudad. Cualquier desprevenido pudiera pensar: “Pero regresar al campo no necesariamente está mal…” Lo que ocurre es que no se trata del bucólico “retorno a la naturaleza”: SE TRATA EN REALIDAD DEL REGRESO A LA MISERIA EN EL CAMPO, la misma miseria de la que el venezolano escapó gracias al petróleo y a la democracia. Esto salta a la vista cuando se repara en lo siguiente: Frente a la tendencia nacionalista y progresista del proyecto democrático que en los años ’60 propugnaba en economía la sustitución de importaciones por producción nacional, el militarismo atorrante promueve en el siglo XXI una contra-tendencia antivenezolana: la sustitución de la producción nacional por importaciones masivas. De esta forma se cerca y hace quebrar a los productores nacionales, para beneficiar a productores extranjeros (y a los comisionistas locales, testaferros y allegados). El resultado del cruce de estas dos “contra-tendencias” autoritarias es evidente: El gobierno militarista quiere llevar nuevamente a los venezolanos a un campo empobrecido, arruinado, un campo en el que el único proveedor de medios de sobrevivencia sea el mismo gobierno.
V
Nos encontramos así con la más importante de estas “contra-tendencias” autoritarias: Al promover la industrialización y extender la educación, la democracia promueve el crecimiento de las ciudades y con ello el surgimiento del CIUDADANO. El ciudadano tiende a entrar en contacto con sus semejantes, se organiza, empieza a conocer sus derechos, se activa para exigirlos y ya cuando los tiene, para defenderlos. Para el ciudadano el Estado debe estar a su servicio, no al revés. Para el ciudadano, el Presidente no “Mi Comandante”, sino “mi empleado”. En cambio, para el sobreviviente en el campo empobrecido, la relación con el Estado que da o quita la tierra, que da o quita la semilla y el fertilizante, que da o quita la vialidad y el transporte, es muy distinta. Ese sobreviviente es en realidad un súbdito de ese Estado que -más que meramente clientelar- ahora es claramente chantajista y extorsionador, un Estado que ofrece posibilidades materiales de apenas sobrevivencia a cambio no sólo de votos, sino de subordinación absoluta.
VI
Por supuesto, imponer un esquema así de nefasto en un país como Venezuela que, a diferencia de la Cuba de Castro, ya ha conocido más de medio siglo de existencia en democracia, no puede hacerse sólo mediante la mera manipulación demagógica. Con ese recurso, como hizo Hitler, se puede apenas llegar al gobierno. Pero asaltar el poder implica el uso de otras herramientas. En consecuencia, al igual que en otras pesadillas autoritarias del pasado de la humanidad, en Venezuela hemos presenciado la construcción de un andamiaje seudo-legislativo claramente inconstitucional, a partir del cual se “legaliza” el ataque a derechos humanos y constitucionales básicos, como el derecho a la propiedad y a la libertad de expresión. En un país “normal”, con separación y autonomía de poderes, tal exabrupto podría ser corregido apelando al poder judicial. En esta Venezuela gobernada por el militarismo aberrante la misma presidenta del Tribunal Supremo de Justicia dice que ”la división de los poderes”…
VII
Y es así como llegamos a la última y más terrible “contra-tendencia” de las que caracteriza al desgobierno en este sombrío período de la historia venezolana: El uso del terror como arma política. Ya desde los tiempos de Robespierre se ha asumido que “el terror es un arma revolucionaria”. En esta Venezuela en la que derechos fundamentales de los ciudadanos son conculcados, y en que la posibilidad de defender tales derechos recurriendo a la administración de justicia se transforma en algo ilusorio, surgen grupos de naturaleza para-oficial y de talante violento, provistos ya sea con cachiporras o con armamento ultramoderno, cuya misión es “disuadir” a los ciudadanos de la mera idea de defender sus derechos mediante el ejercicio del derecho constitucional a la protesta. Se trate de los habitantes de Porlamar gaseados por protestar contra los apagones, o de los periodistas de Ultimas Noticias apaleados en plena calle por el “delito” de distribuir volantes relativos a la Ley de Educación, o de los trabajadores de Guayana baleados por rechazar el discurso oficial que alguna vez suscribieron, o de los habitantes del 23 de Enero habituados ya al toque de queda impuesto por los grupos paramilitares que proclaman estar alineados políticamente con el gobierno, en todos estos casos (y en muchos otros como estos) es claro el uso del terror como estrategia de control social.
VIII
Esta conducta a lo interno es congruente con el discurso oficial hacia el exterior: Las temerarias afirmaciones de que “Venezuela limita con las FARC” y de que tal organización narco-guerrillera sería “un proyecto bolivariano que merece ser reconocido”; gestos como invitar al país a Omar Hassan al Bashir, presidente de Sudán, desafiando a la Corte Penal Internacional que le libró orden captura por "genocidio y crímenes de lesa humanidad"; la solidaridad oficial con regímenes como el de Ahmadineyad en Irán o el de Lukashenko en Belarús, señalados ambos por Amnistía Internacional como incursos en el uso de violencia legal e ilegal contra sus propios pueblos, constituyen una diferencia ética inmensa a favor del proyecto civilizatorio democrático iniciado en Venezuela en la segunda mitad del siglo XX. La democracia venezolana nació enfrentada al terrorismo, tanto de izquierda como de derecha: Entre la fallida insurrección guerrillera financiada por Castro, y los atentados criminales organizados y pagados por Trujillo, se abrió pasó en nuestro país una experiencia democrática que no ha sabido ser defendida por una generación de políticos que si supieron usufructuarla…
IX
Esta superioridad ética y moral de la democracia venezolana frente al “socialismo del Siglo XXI” en relación al tema del terror es más que evidente hoy ante los estragos que produce en nuestro país el terrorismo social del hampa, amparada por la impunidad oficial y en coyunda con el terrorismo político de los grupos para-oficiales. Es así como Venezuela recibe este 11 de septiembre de 2011: Hace diez años, los venezolanos tuvimos la vergüenza de que nuestro gobierno no condenó en forma rápida y categórica el monstruoso atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. Este décimo aniversario de aquel crimen masivo encuentra al gobierno de nuestro país transformado en la única llorosa viuda del nefasto régimen del genocida Gadaffi.
X
Es suficiente vergüenza para un país y un pueblo tan noble como el venezolano. Que el 2012 sea la puerta de nuevos tiempos. Que todo lo malo del pasado, reciente y remoto, quede atrás. Que todo lo bueno que los venezolanos hemos construido en el pasado, sea retomado. Que todos podamos formar parte de la construcción del futuro democrático de nuestro país, con prosperidad económica y justicia social. Y que de nuevo TODOS los venezolanos tengamos una sola voz de condena unánime al terrorismo, venga de donde venga!
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